Carta abierta de Plenaria Memoria y Justicia
Noviembre 2011
Fragmentos
Pero la memoria es sabia y tercamente porfiada
Para nosotros/as la verdad no es eficacia, la memoria no es un golpe mediático o un eslogan electoral.
Para nosotros/as esos cuerpos aparecidos hacen parte de la reconstrucción colectiva de la verdad. Esa, nuestra verdad que construye nuestra memoria viva, activa y combativa.
No esperamos nada de la mentirosa verdad de los milicos, ni de las transas del gobierno.
Para ellos todo tiene su precio, todo se negocia y se transa: los cuerpos, la ética, la verdad y la justicia.
Por eso pueden manosear los DDHH: no anulando la ley de impunidad habiendo tenido la mayoría parlamentaria, con las tímidas y cuestionables leyes de reparación, como cuando se pronunciaron confusa y contradictoriamente frente al voto rosado, como cuando montaron el circo en torno a la ley interpretativa.
Y ni que hablar del nombramiento de Fernández-Huidobro como Ministro de Defensa, consolidando así una traición que ya venía anunciándose.
También es cuestionable que desde décadas se sepa que el predio donde encontraron los últimos restos, el Batallón 14 de Toledo, los milicos lo llamaban Cementerio de Arlington (denominación yanqui del cementerio donde enterraban a los soldados mercenarios muertos), y no se hayan realizado antes las excavaciones e investigaciones ahí, como en otros lugares de los que también hay datos.
También da que sospechar la manipulación política de los ritmos de las excavaciones y los límites de las investigaciones, supeditando el acceso a la información a las razones políticas del gobierno.
Es dentro de esta ambigüedad que entendemos esta nueva maniobra: la aprobación exprés de esta ley de no prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
Esta resolución no anula la ley de impunidad, lo que hace es actuar sobre uno de sus efectos.
Traslada la responsabilidad política al poder judicial, abriendo debates en torno a la constitucionalidad y la retroactividad, dejando vigente la ley de Caducidad.
Ante la presión de la memoria y las organizaciones populares y de DDHH, y frente a la resolución de la CIDH este gobierno buscó un atajo que le lavara la imagen a la impunidad, pero no anula la ley.
¿Por qué?
De la misma forma que en una semana se obtuvo la mayoría necesaria para aprobar esta última ley, ¿por qué no se obtuvieron los votos para anular la ley de impunidad, que es el reclamo histórico de esta lucha?
Esta maniobra, disfrazada de aparente triunfo del gobierno, confunde y profundiza una vez más el reflujo de la fuerza del movimiento popular en su lucha contra la impunidad.
La estrategia de plebiscitar los DDHH, para luego institucionalizar el debate en el parlamento y el ejecutivo es coherente con el discurso hegemónico del gobierno progresista, que instala y legitima el camino de la impunidad y de la reconciliación.
Con esta ley ellos se lavan las manos condicionando los reclamos de juicio y castigo a los pactos.
La estrategia de plebiscitar los DDHH, para luego institucionalizar el debate en el parlamento y el ejecutivo es coherente con el discurso hegemónico del gobierno progresista, que instala y legitima el camino de la impunidad y de la reconciliación.
Con esta ley ellos se lavan las manos condicionando los reclamos de juicio y castigo a los pactos.
Nota completa: ....AQUÍ.....
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Uruguay anula la impunidad legal
de la dictadura militar
Fragmentos:
En concreto, esta normativa no elimina la Ley de Caducidad, pero al menos la modifica.
Además, alinea a Uruguay en la senda que marcó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo condenó este año por la desaparición de María Claudia García nuera del poeta argentino Juan Gelman y lo conminó a llevar ante la Justicia a los culpables de esos delitos.
Vuelta de tuerca
En esta ocasión, Mujica se ha limitado a delegar en las cámaras con un "lo debe arreglar el Parlamento" la decisión de aprobar la nueva ley.
Semproni, por su parte, ha afirmado que iba a votar a favor, dado que esta normativa no toca la Ley de Caducidad. "[El proyecto] no legisla para atrás", ha explicado a la prensa uruguaya. "Acá no estamos hablando de ir en contra de lo que resolvieron los plebiscitos, ya que no se está anulando la Ley de Caducidad", ha indicado.
Semproni, por su parte, ha afirmado que iba a votar a favor, dado que esta normativa no toca la Ley de Caducidad. "[El proyecto] no legisla para atrás", ha explicado a la prensa uruguaya. "Acá no estamos hablando de ir en contra de lo que resolvieron los plebiscitos, ya que no se está anulando la Ley de Caducidad", ha indicado.
Queda por saber cómo interpretará este proyecto la Suprema Corte de Justicia directa responsable de que las torturas, violaciones y asesinatos cometidos durante la dictadura fueran a prescribir el 1 de noviembre tras un fallo, el pasado mayo, que pasaba a considerarlos "delitos comunes". Se estima que unos 200 uruguayos perdieron la vida durante la dictadura.
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Ley de Caducidad:
a no comerse los mocos, uruguayos
Fragmentos:
Fragmentos:
En ese mismo acto de votación el partido Frente Amplio ganó las elecciones y su presidente Tabaré Vázquez asumió el primero de marzo de 2005.
El 20 de mayo de ese año (un mes y 19 días después) un decreto, firmado por Tabaré Vázquez y el Consejo de Ministros, autoriza, permite a las empresas transnacionales Aguas de Bilbao (española) y Suez (francesa) a continuar con la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en el Departamento de Maldonado, habilitando la permanencia de las multinacionales del agua en ese departamento.
El 20 de mayo de ese año (un mes y 19 días después) un decreto, firmado por Tabaré Vázquez y el Consejo de Ministros, autoriza, permite a las empresas transnacionales Aguas de Bilbao (española) y Suez (francesa) a continuar con la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en el Departamento de Maldonado, habilitando la permanencia de las multinacionales del agua en ese departamento.
Esto originó que el 30 de mayo de 2005 la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida presentara un recurso de revocación ante el presidente y posteriormente pidiera la nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el entendido de que el decreto que lleva la firma del Presidente y su Consejo de Ministros va contra los preceptos constitucionales.
Independientemente del resultado que pueda producir la presentación, en particular conociendo el funcionamiento de la justicia en el país y el carácter de rehén del Ejecutivo y Legislativo que tiene el tercer poder del Estado, el Judicial, lo que importa destacar es que actualmente –y desde hace años- OSE, UTE, ANCAP y ANTEL se encuentran en una especie de carrera en la que compiten entre sí para ver quién tiene más servicios y sectores tercerizados, esto es, privatizados, en lo que implica un absoluto desprecio a la tan predicada “voluntad popular” plasmada en varios referéndums.
¿Cabe entonces otra conclusión que no sea la de que blancos, colorados y frenteamplistas EL ÚNICO PLEBISCITO QUE QUIEREN RESPETAR con uñas y dientes, es el de la ley de Caducidad?
O para decirlo de otra manera, ¿alguien ha visto o escuchado que aunque sea un solo legislador, de cualquiera de los tres partidos, haya elevado su voz para defender alguno de los plebiscitos violados en reiteración real?
Mirta Graciela González
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